Matrícula cero ahora y siempre
John Harold Córdoba Aldana
Vicerrector Académico
Universidad Pedagógica Nacional
El valor del pago de la matrícula de los estudiantes universitarios ha sido uno de los aspectos en discusión en el seno del movimiento estudiantil. La premisa de educación gratuita y de calidad se ha oído en las calles desde hace varias décadas en Colombia. Personalmente, prefiero hablar de educación financiada 100 % por el Estado y no de gratuidad, porque este último concepto puede hacer entender que la educación es un obsequio y disuelve el debate sobre la estructura financiera del Estado para que pueda garantizar su efectiva financiación, a través de un sistema tributario progresivo, con especial énfasis en la inversión extranjera, los movimientos financieros del capital especulativo y a las actividades extractivistas.
La Constitución Política de 1991 dejó establecido en el artículo 67 que la educación es una responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias. Según la carta política: “La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” (Artículo 67). En ese sentido, el pago de las matrículas por parte de las familias, las inscripciones y otros derechos académicos pasaron a ser parte del presupuesto de las Universidades públicas desde que se promulgó la Ley 30 de 1992 (Artículo 85).Para nadie es un secreto que las finanzas de las Instituciones de Educación Superior (ies) públicas se fueron menguando con la Ley 30.A partir de su implementación, el Estado ha llegado a contribuir con apenas el 48 % del presupuesto anual necesario para desarrollar sus actividades misionales, en la que el cobro de derechos académicos —como las matrículas— juegan un rol importante para mantener el frágil equilibrio financiero de las ies públicas.
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